Un elemento importante para el desarrollo de la economía de cualquier país es el buen funcionamiento de su sistema financiero, por lo que una herramienta que promueve un sistema financiero eficiente y permite mejorar el nivel de vida de la población es la inclusión financiera. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, la inclusión financiera se refiere al acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección a las personas y promueva una educación financiera para mejorar la capacidad financiera de todos los segmentos de la población. Dichos servicios incluyen transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros, lo que facilita la vida diaria y ayuda a las familias y empresas a planear objetivos a largo plazo hasta emergencias inesperadas.

Uno de los objetivos prioritarios del sector financiero en México es impulsar la inclusión financiera, sin embargo, aún existen diversos retos por afrontar, como es el rezago en el uso de servicios financieros formales y el bajo nivel de educación financiera de la población. De acuerdo a informes de la OCDE y del Banco Mundial en 2021, 1,400 millones de personas en el mundo siguen sin estar bancarizadas, y México es uno de los países más excluidos en el sector financiero en América Latina. La falta de acceso a internet, el desconocimiento en el uso de herramientas digitales, una escasa educación financiera y la desconfianza en los servicios financieros, impiden que la población acceda al sistema financiero.

Un reto importante por atender es la inclusión financiera con perspectiva de género. En México, más de la mitad de la población está conformada por mujeres, su tasa de participación laboral del 46.3%, las mujeres emprendedoras representan el 40% de los pequeños negocios en México y se estima que entre el 70% y 80% de las decisiones de compra en los hogares es influenciado o tomado por mujeres. A pesar de la creciente participación de las mujeres en la economía, las mujeres aún enfrentan importantes barreras para acceder a los productos y servicios financieros formales, como son mayor costo del crédito, no contar con las garantías o requisitos solicitados, una menor propensión al ahorro y un reducido acceso a los seguros. A esto se suma una persistente brecha de género en el acceso a productos y servicios financieros.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, la brecha de género alcanzó 8.1%, es decir, el 80.9% de los hombres cuentan con al menos un productos financiero, frente al 72.8% de las mujeres. Esta brecha es aún mayor en el ahorro formal (68% hombres vs 58.6% mujeres), en el uso del crédito con una participación de mujeres del 36.1% (7% de mujeres acceden al crédito hipotecario, 33% a un crédito personal y un 27% al crédito automotriz). Un reto importante por atender es el segmento de los seguros, en donde apenas, el 22.9% de la población contaba con un seguro, mientras que en el caso de las mujeres es apenas de un 18.3%. En lo referente a la tenencia de ahorro para el retiro o Afores, el 42.2% de la población cuenta con Afore, mientras que en el caso de las mujeres es de solamente el 34.2%, lo que representa una brecha de 17.2% en comparación con los hombres.

Es importante impulsar políticas públicas y acciones para fortalecer la educación financiera, teniendo en cuenta la segmentación de los públicos y adaptación de contenidos, que garanticen que la población tenga acceso a la información necesaria, y que las mujeres adquieran los conocimientos y capacidades para hacer uso de estos servicios y apalancar la incorporación de la innovación en la gestión de sus negocios o emprendimientos. La educación financiera focalizada en jóvenes universitarios, mujeres, emprendedores y las personas con menores ingresos es parte de un enfoque de formación integral que contribuye a formar ciudadanos informados y conscientes, que les permite comprender que sus decisiones financieras no sólo impactan en su vida diaria, sino también en el bienestar colectivo de la sociedad.